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Es un honor para el Programa de Investigación Violencia y Sociedad participar en la organización del IV Congreso de Estudios Poscoloniales VI Jornadas de Feminismo Poscolonial “Cuerpos, imaginarios y procesos de racialización contemporáneos en el Sur”.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PSICOLÓGICAS · SÁBADO, 3 DE MARZO DE 2018

El Programa de Investigación en Violencia y Sociedad de la Universidad de
Costa Rica, exhorta a poner un alto definitivo a todo discurso discriminatorio,
de odio y violencia, que lamentablemente se ha manifestado en forma
explícita, de cara a la campaña electoral y la segunda ronda a realizarse el 1 de
abril del año en curso.


Considerando que:

1. La Constitución política de Costa Rica, en su Artículo 33 señala: Toda
persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación
alguna contraria a la dignidad humana (Reformado por Ley No. 4123
de 31 de mayo de 1986 y por Ley No. 7880 de 27 de mayo de 1999. LG#
118 de 18 de junio de 1999)

2. La Reforma Procesal Laboral prohíbe la discriminación en el trabajo por
motivos de orientación sexual, específicamente en el Título Octavo del
Código de Trabajo, sobre la prohibición de discriminar.

3. Los Derechos Humanos (DD.HH) son universales, inalienables,
irrenunciables, imprescriptibles e indivisibles. Nadie puede ser
despojado de ellos, no pueden ser transferidos, no caducan, ni pueden
ser disfrutados a costa de otro derecho.

4. En las diversas Convenciones e instrumentos internacionales de
derechos humanos, incluyendo la Convención Americana de Derechos
Humanos (arts. 1 y 11), se exige el respeto de la dignidad humana de
todas las personas y se prohíbe cualquier tipo de discriminación, de
modo que se incluye la prohibición de la discriminación por razón de la
orientación sexual. Además, la Convención Iberoamericana de los
Derechos de los Jóvenes, aprobada por Costa Rica por Ley 8612 del
primero de noviembre de 2007, en su artículo 5 prohíbe expresamente
la discriminación por razón de la orientación sexual.

Las consecuencias para los sujetos que sufren de discriminación son vastas: la
vivencia del rechazo produce un dolor intenso, las cuales no solo afectan a las
personas objeto inmediato de estas prácticas y políticas, sino que alteran de
forma grave e irreversible el tejido social.

En los últimos días se ha hecho referencia en los medios de comunicación a
declaraciones vertidas en contra de la población LGTBIQ+, por ejemplo en
relación con el empleo público, que no solo violan la normativa internacional y
nacional de protección de los DD.HH, sino que atentan contra el tejido social y
legitiman la invisibilización, discriminación, persecución, el daño psicológico y
el daño físico contra este sector de la población.

Hacemos un llamado rotundo a favor del respeto de los Derechos Humanos de
cada sujeto costarricense en su condición social, sus creencias subjetivas, su
identidad de género, su elección sexual, su condición étnica y su libertad de
expresión y pensamiento.

Repudiamos todo acto de discriminación contra la población LGTBIQ+, así
como la violencia contra las diversidades. Lamentamos y nos duele
profundamente la muerte de un joven que merecía apoyo, guía y respeto al
igual que todos y todas.

Recordamos que aquellas personas que detentan el lugar de autoridad política,
deben sentirse servidores/as de todas y todos, en el reconocimiento de los
derechos de cada uno/a de los ciudadanos.

La discriminación, en cualquier forma de manifestación, menoscaba el
desarrollo de los seres humanos, atenta contra el principio de igualdad y
reduce considerablemente las posibilidades de vida plena y armoniosa,
socavando de forma grave los fundamentos mínimos de una democracia
inscrita en un Estado de derecho.

Por consiguiente, exhortamos a todos los partidos políticos a cumplir el
compromiso de trabajar por fortalecer las políticas públicas que tienen como
fin último la emancipación del ser humano y la eliminación de cualquier
prejuicio o estereotipo contrario a la dignidad y la libertad humana.

Finalmente, esperamos las acciones que el TSE –en su calidad de institución encargada de
velar, regular y arbitrar los procesos electorales– realice para resolver las denuncias por el uso
de la religión en la campaña política, así como las sanciones de rigor que se deban aplicar, en
aras de defender los principios republicanos propios de una democracia moderna.